Guatemala: El resurgimiento de la esperanza

Por Laura Carlsen

El día 20 de agosto, el pueblo guatemalteco logró una victoria que no esperaba hallar en las urnas, arrebatando el control de las manos de una poderosa élite que había impuesto un régimen cada vez más autoritario y corrupto a 17 millones de personas, entre las más empobrecidas del mundo.

Bernardo Arévalo – diplomático, académico e hijo del ex presidente Juan José Arévalo – obtuvo una aplastante victoria en las elecciones presidenciales, abriendo un nuevo capítulo en la historia política del país. Miles de personas salieron a celebrarlo con cohetes, fuegos artificiales y bandas de música, en una rara muestra de entusiasmo tras años de disgusto público por la inutilidad de las elecciones y la corrupción que caracterizaba la política nacional. Aunque los retos que tiene por delante son enormes, el cambio al nuevo gobierno electo ha renovado la esperanza del pueblo.

“Es un gran reto, ya que en cuatro años no se pueden lograr los profundos cambios estructurales necesarios, pero es muy positivo porque es el renacimiento de la esperanza”, afirma Patricia Ardón, directora regional de JASS y defensora guatemalteca de los derechos humanos.

El candidato del joven partido Movimiento Semilla, atrajo a un número récord de personas a las urnas en un país con una tasa de voto efectivo notoriamente baja. Durante los últimos años, el gobierno, controlado por una pequeña e insaciable élite, había aumentado el escepticismo hacia las elecciones. Estos políticos y empresarios llegaron a ser conocidos como el “Pacto de los Corruptos” por imponer leyes para proteger su propio poder y riqueza, mientras cerraban espacios cívicos a fuerzas democráticas del país.

Moldearon las débiles instituciones democráticas de Guatemala para convertirlas en herramientas al servicio de sus intereses y expulsaron al exilio, encarcelaron o asesinaron a quienes se les oponían, entre ellos decenas de mujeres defensoras de la tierra y el territorio que luchaban contra proyectos extractivos que amenazaban sus tierras y bienes naturales, la cultura indígena, la salud pública y los derechos de las mujeres.

Personas de todos los sectores, incluidos algunos disidentes de la élite empresarial, dieron a Arévalo su gran victoria. La juventud y las mujeres desempeñaron un papel destacado en la votación, en la campaña y en las manifestaciones en defensa de la democracia.

Reacciones y dinámicas de poder

Cuando el candidato progresista Arévalo superó inesperadamente la primera ronda de votaciones el 25 de junio y pasó a la segunda vuelta contra la ex primera dama, figura de los quien ya ejercían el poder en Guatemala, Sandra Torres, la élite gobernante entró en pánico. Arévalo ocupaba el octavo puesto entre 22 candidatos, por lo que pasó desapercibido cuando las autoridades ya habían descalificado a tres candidatos considerados no suficientemente leales.

Su primera respuesta fue cuestionar los procedimientos y solicitar una revisión. Cuando eso fracasó, un fiscal del gobierno conocido por su lealtad corrupta a la élite intentó anular el registro del partido Semilla Aunque se permitió al partido participar en las elecciones, el caso sigue abierto. Hasta la fecha, Torres ha negado reconocer su derrota.

La consolidación de un grupo autoritario en el poder en Guatemala ha sido en parte una respuesta a las victorias populares. El Acuerdo de Paz de 1996 puso fin al derramamiento de sangre del conflicto armado interno, pero no consiguió desmantelar las estructuras de poder dominantes ni hacer justicia. En los últimos años, las mujeres indígenas han ganado casos clave contra crímenes de Estado cometidos durante el conflicto armado de los años 80, como el juicio histórico al dictador Efraín Ríos Montt por genocidio, y el caso de las mujeres achi que se enfrentaron al racismo y al machismo para procesar a miembros de las fuerzas de seguridad por la violencia sexual que sufrieron. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también realizó importantes avances contra la corrupción, cerrando el cerco a numerosos miembros del gobierno.

La élite reaccionó encarcelando a líderes del movimiento con acusaciones falsas, lanzando campañas de desprestigio, suplantando a jueces corruptos y desterrando a los honestos. Echaron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala del país en 2019. Decenas de líderes de movimientos y defensores de la tierra y los derechos han sido criminalizados. En Guatemala, el castigo por la verdad ha sido la violencia y la represión, pero las batallas por la justicia siguen multiplicándose.

Los que están en el poder sigue controlando gran parte de la prensa, el Congreso y el poder judicial, y los analistas predicen que continuarán los intentos de disolver el partido Semilla y procesar a sus líderes con acusaciones falsas. Es probable que estas tácticas de guerra legal y represión selectiva se intensifiquen, y no se puede descartar la violencia política, pero esto ya ha sido habitual bajo el gobierno actual. Guatemala está entrando en una etapa precaria, ya que el ‘pato cojo’ – el gobierno de Alejandro Giammattei – reina durante un periodo peligrosamente largo hasta la toma de posesión el 14 de enero.

Una oportunidad para la democracia

La victoria en las urnas es sólo el primer paso. Desmantelar el poder ilícito acumulado por la élite será difícil, con un Congreso que protege los privilegios y un sistema judicial en gran parte controlado por la corrupción.

Pero en las calles y en los pueblos, el pueblo también ha demostrado su poder. El repudio del ‘Pacto de los Corruptos’ en las urnas renovó las esperanzas de recuperar su país y su futuro. Para las luchas vitales en defensa de la tierra y el territorio frente a la minería, los monocultivos y otras industrias extractivas – muchas lideradas por mujeres de organizaciones indígenas y campesinas que son socias de JASS desde hace mucho tiempo – un nuevo gobierno supondría un respiro frente a la criminalización y la represión constantes. Al menos en la rama ejecutiva, las corporaciones transnacionales ya no encontrarán un aliado incondicional para su saqueo.

Ardón reflexiona sobre el impacto para los movimientos. “Para nosotras, para las defensoras de la tierra, la persecución y la impunidad cesarán, o al menos habrá un respiro. Es un alivio para las mujeres y para los pueblos indígenas, porque esto declara una batalla frontal contra la impunidad y la corrupción”.

Reconoce que un reto clave será ahora gestionar las expectativas. El capitalismo global es un tigre que no puede cambiar de rayas. Las estructuras económicas neoliberales mantienen a naciones débiles como Guatemala alimentando al sistema con recursos naturales y una mano de obra barata, tanto en el país como en forma de mano de obra migrante. El patriarcado también está vivo. La élite guatemalteca se basó en gran medida en discursos y acciones anti-género, fundamentalismos y una retórica insolente, perteneciente a los tiempos de la Guerra Fría, en la campaña: mensajes que se hacen eco de los de la extrema derecha internacional bien financiada y altamente organizada, que apoya abiertamente a la élite del país. Los movimientos sociales guatemaltecos lo tienen claro, qué sin la resistencia popular y la presión desde abajo, hasta incluso las reformas más suaves serán imposibles.

Y a pesar de la euforia actual, el escepticismo respecto a la eficacia de la política electoral en la transición democrática real continúa.

“El modelo del Norte, de democracia formal, no se ha desarrollado ni adoptado realmente en nuestros países. Hay un ejercicio de la democracia, pero no se corresponde con el concepto de poder colectivo, con la cosmovisión de los pueblos en muchos casos”, afirma Ardón.

Esta es la doble naturaleza de su esperanza actual, una esperanza realista que ve oportunidades al tiempo que evalúa los riesgos y los obstáculos. Para los movimientos feministas y de mujeres, los resultados de las elecciones son un trampolín. El cambio de gobierno podría proporcionarles una mejor base de apoyo para defender sus causas, sus cuerpos y sus vidas, al tiempo que avanzan hacia lo que realmente quieren y necesitan: una democracia que elimine la desigualdad institucionalizada y abarque todas las esferas, desde el hogar hasta el Palacio Nacional.

Patricia Ardón concluye: “La democracia formal está en crisis en toda la región porque no conduce a cambios profundos, no resuelve los problemas de fondo. Estas elecciones marcan un momento histórico: pero la tarea, el desafío, es mucho mayor. Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica para construir una democracia profunda que no se centre en quién es elegido, sino en eliminar todas las desigualdades y en garantizar el bienestar individual y colectivo.”