* Crédito de la fotografía: Saul Martinez/ Reuters

Por Laura Carlsen, edición: Equipo de JASS Mesoamérica

Guatemala está en vilo luego de que el grupo que detenta el poder vió amenazado su control como resultado de la primera vuelta de las elecciónes el 25 de junio. En la elección presidencial, dos partidos llegaron a la segunda vuelta que está programada para llevarse a cabo el 20 de agosto.

Uno, el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE con la candidata Sandra Torres, ex primera dama y tres veces candidata presidencial, quien representa la continuidad del grupo en el poder. El otro, el joven partido Movimiento Semilla, fue la sorpresa. Las encuestas le posicionaban en el octavo lugar entre los 22 partidos registrados. Su candidato, Bernardo Arevalo, hijo de un expresidente que gobernó durante el período conocido como “la primavera democrática” en Guatemala  y considerado progresista, sacó el segundo lugar con el 11.8% del voto El voto nulo superó a los dos con el 17.4%.

El voto del joven partido Semilla fue concentrado en la zona de la capital y el área urbana y refleja el hartazgo de gran parte de la población por los abusos de los políticos actuales y la cooptación del Estado de Derecho y ataques contra las instituciones democráticas desde el ejecutivo, el legislativo y el Poder Judicial, vinculando también a otros sectores de poder económico y político, en manos de lo que llaman “el pacto de corruptos”. El pacto ganó el nombre debido a que un número elevado de miembros dentro y fuera del estado guatemalteco enfrentan cargos por corrupción y vinculación con el crimen organizado, y han hecho pactos en los últimos años para otorgarse inmunidad, cambiando leyes y reglas anti-corrupción.

Además emprendieron una campaña de persecución contra operadores de justicia, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos. La ofensiva ha empujado a más de cincuenta personas vinculadas a la lucha contra la corrupción al exilio, con varias más en la carcel con cargos fabricados, muchos con evidencias falsas. Las cortes y fiscalías más poderosos del país e instancias claves quedaron en manos de este grupo.

El poder gubernamental respondió haciendo uso ilegal de las instituciones que controla. Primero, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo a nueve de los partidos perdedores (y UNE) alegando irregularidades y fraude y mandó a una revisión de actas, a pesar de que esta Corte no cuenta con la facultad de cuestionar una elección y de que había finalizado el tiempo para impugnaciones.

Cuando el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados, también se volvió blanco de la persecución. El Tribunal sido sujeto de dos allanamientos por parte del Ministerio Público y extracción ilegal de documentos.  En otro intento de violar la voluntad popular expresada en las urnas, el  juez Fredy Orellana suspendió la personalidad jurídica de Semilla y allanaron las oficinas de la sede del partido, una medida considerada ilegal. La suspensión fue levantada de manera provisional.

.La candidatura exitosa de Semilla ha despertado, por un lado, la esperanza de cambio en un sistema político que solo sirve a un pequeño grupo en el poder, y por otro, la desesperación y agresividad de políticos que no solo enfrentan la posibilidad real de perder el poder sino tambien de acabar en la carcel por los cargos pendientes en su contra. En pláticas con aliadas de JASS, varias defensoras manifestaron esta esperanza, mientras advertían la necesidad de seguir en el camino del fortalecimiento de movimentos, incluyendo a los movimientos indígenas que poco esperan de las instituciones neoliberales y neocoloniales. Hay consenso en la urgencia de “detener el profundo deterioro” del estado de derecho.

Hasta ahora Semilla mantiene su derecho de participar en la segunda vuelta y está en campaña nacional, mientras sigue respondiendo a los ataques contra el partido que incluyen allanamientos y órderes de detencion contra integrantes de su dirigencia. Por estas fechas, se llevan a cabo manifestaciones casi diarias en defensa de la democracia y para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el Fiscal Especial Contra la Impunidad, Ramón Curruchiche, y el juez Orellana.

Múltiples organismos internacionales, gobiernos y figuras públicas han condenado los intentos de subvertir el voto popular de la primera vuelta y obstruir la realización de la segunda vuelta según marca la ley, entre ellos la Comisión Europea y múltiples organismos de derechos humanos en EU y Europa.  En el país, el grupo conocido como G.13 que representa a las embajadas de los países con mayor presencia en el país, emitió un comunicado en esta línea. La Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por “la extrema judicialización del proceso electoral” y un rechazo a los allanamientos. El Departamento del Estado del gobierno de EEUU, que históricamente ejerce un poder preponderante en los asuntos internos de Guatemala, advirtió el 2 de julio que: “Socavar las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance.”

Repetidamente, el gobierno ha rechazado los señalamientos acusando a todos estos organismos de “injerencia en asuntos internos” del país, y llamando a cerrar filas en torno a la defensa del país y el nacionalismo, siguiendo un patrón que se ha observado en otros países de la región. Sus acciones indican que el pacto de corruptos ha decidido ir con todo para socavar el proceso electoral, a pesar de las consecuencias nacionales e internacionales.

Para uno de los paises más pobres de América Latina y con una larga historia de lucha y represión, el desenlace de la actual crisis política podría definir no solo el futuro—o no—del estado de derecho y la democracia, sino tambien el sustento de miles de personas, sobre todo en los grupos más vulnerables—mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTQ+, juventud, entre ellos. El 60% de la población vive en la pobreza, y entre la población indígena la tasa es mayor.  La pobreza aumentó considerablemente con la pandemia, y también  el índice de desigualdad. El 10% recibe el 53% del ingreso nacional, y el 51% de la población femenina no recibe ingresos. Miles de personas de Guatemala salen hacía los EEUU cada año, obligadas a dejar sus hogares y familias y enfrentar peligros y hasta la muerte en el camiino.

Se calcula que el 40% del presupuesto nacional se desvia a la corrupcion y la alianza entre empresas extractivistas y el grupo en el poder ha generado conflictos, contaminación y despojo. En lugar de reconocer el papel vital de las defensoras de tierra y territorio en este contexto, ellas son perseguidas, criminalizadas y en algunos casos asesinadas. Algunas entrevistadas manifiestan que un cambio de gobierno podría significar por lo menos un respiro para seguir con su valioso trabajo y sus vidas.

En vísperas de la segunda vuelta se abren una multitud de escenarios: en un extremo, el abandono del pretexto de legalidad por parte del grupo en el poder con la suspensión de elecciones y la represión abierta a las movilizaciones populares, y en el otro, que se lleve a cabo una elección pacífica el 20 de agosto con alta participación no coartada o coaccionada que podría llevar al poder a un partido que no participa en el pacto de corruptos y que se ha comprometido con algunas de las aspiraciones de los pueblos, entre ellos la equidad de género.

El pueblo guatemalteco está en pie de lucha. Necesita y merece la solidaridad de los pueblos de todo el mundo en este momento crítico de definición.