A pesar de la presión a nivel internacional, del coraje público y del esfuerzo por localizar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, México, estos continúan sin aparecer y, en cambio, se han encontrado más de 20 fosas clandestinas. Los estudiantes desaparecieron después de que la policía local emboscó a la caravana estudiantil que se dirigía hacia una marcha realizada para protestar contra los recortes al presupuesto destinado a la educación rural. Durante la emboscada fueron asesinadas seis personas, una de ellas presentaba señales visibles de tortura. A partir de las investigaciones realizadas, no solo se localizaron más de una decena de fosas clandestinas en las proximidades, también se dio a conocer al mundo algo que los mexicanos bien saben: la existencia de una profunda complicidad entre el gobierno y el crimen organizado.
Conjuntamente con muchas organizaciones y encabezada por nuestro equipo en México, JASS se ha movilizado en respuesta a estos hechos para exigir la inmediata presentación con vida de los estudiantes. Colaborando de manera cercana con la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, en estos días JASS tiene el honor de acoger a Jody Williams, quien participó en una marcha y se reunió con funcionarios del gobierno mexicano. Esto da continuidad a una semana de actividades desarrolladas en Washington, D.C., durante la cual JASS trabajó con el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Investigación en Economía y Política, WOLA y otras organizaciones, para organizar las audiencias celebradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sesiones informativas realizadas en el Congreso. El conjunto de actividades tuvo como objetivo dejar claro que la desaparición de los normalistas forma parte de una campaña más amplia dirigida contra quienes se pronuncian a favor de sus derechos o denuncian la injusticia. Desde 2007, en México han desaparecido más de 30 mil personas, mientras que más de 100 mil han sido asesinadas.
El 26 de octubre de 2014 se cumplió un mes desde que, en el municipio de Ayotzinapa, ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal “Raúl Isidro Burgos”, la ejecución extrajudicial de tres estudiantes —César Ramírez Nava, Julio César Mondragón y Daniel Solís Gallardo— y el asesinato de otras tres personas, entre ellas un menor de edad. Estos actos fueron perpetrados por la policía municipal de Iguala, Guerrero. En el mismo operativo policial 23 estudiantes de la misma normal fueron heridos de bala, al igual que el estudiante Aldo Gutiérrez, quien desde ese momento se encuentra en estado de coma y ha sufrido muerte cerebral.
A pesar de las constantes manifestaciones realizadas por la sociedad civil a nivel nacional e internacional, el gobierno no ha dado una explicación definitiva sobre el paradero de los estudiantes. El presidente Peña Nieto ha respondido con evasivas, el gobernador Aguirre fue destituido de su cargo, mientras que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien hasta hace poco se encontraba prófugo con su esposa, fue detenido y está rindiendo declaraciones. Sin embargo, para el pueblo mexicano está claro que el Estado es el responsable.
El presidente municipal de Iguala, en particular, ha sido vinculado a un conjunto de eventos sórdidos que no han trascendido a nivel internacional. En este sentido, se le imputa la muerte a balazos de su rival a la presidencia del municipio, ocurrida hace año y medio. Además, durante su desempeño del cargo de presidente municipal integró en la nómina a once parientes, entre los que se incluía su esposa María de los Ángeles Pineda, cuyos hermanos son acusados de tener vínculos con narcotraficantes y con grupos criminales.
Tras los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes, Iñaky Blanco, procurador de justicia del estado de Guerrero, confirmó que la violencia desatada el 26 de septiembre fue consecuencia del abuso de fuerza por parte de la policía. Días después, el 4 de octubre, se encontraron seis fosas clandestinas con 28 cadáveres, ninguno de los cuales resultó ser de los estudiantes desaparecidos. El 10 de octubre, fueron halladas nueve fosas clandestinas adicionales, localizándose otras más desde entonces. Hasta la fecha, suman más de 20 las fosas clandestinas descubiertas en el estado de Guerrero, pero aun así no hay rastro de los estudiantes.
La colusión entre las autoridades gubernamentales, los cárteles del narco, el crimen organizado y los grupos de delincuentes en Guerrero, no constituye un caso aislado. Es el resultado de la corrupción y de las indolentes estructuras estatales que han sido militarizadas como parte de la “guerra contra las drogas”, ampliamente respaldada por Estados Unidos. Lo ocurrido en Guerrero da cuenta del fracaso político de las fuerzas de seguridad mexicana y del colapso de las instituciones de justicia. Asimismo, deriva de la crisis al interior de los partidos políticos y de la falta de autoridad y de control sobre las fuerzas de seguridad pública que claramente no respetan a los ciudadanos que deben proteger.
La actual situación de México va más allá del tráfico de drogas, es todo una economía integrada entre servidores públicos y narcotraficantes. Hay incluso casos documentados de instituciones que son totalmente co-dependientes del crimen organizado. El caso de Ayotzinapa no es un caso aislado, es solo un ejemplo más de lo que vivimos a diario.” María Luisa Aguilar, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ayotzinapa deja en evidencia un asunto aún más grave protagonizado por el presidente Peña Nieto y su administración: la enorme brecha existente entre el discurso que pregona en el extranjero en torno a los derechos humanos y las escasas acciones realizadas para apoyarlos en el país. La indiferencia inicial mostrada por el presidente hacia los estudiantes desaparecidos retardó el operativo de búsqueda, poniendo claramente en tela de juicio los compromisos asumidos por el gobierno mexicano ante las organizaciones internacionales de derechos humanos. Lo que en otros países supondría un despliegue articulado de todas las corporaciones estatales hasta localizar a los jóvenes con vida, en ese momento en México fue objeto de un indiferente deslinde presidencial de las tareas que emprendería el gobierno federal para localizar a los estudiantes, entre ellas la contratación de los peritos forenses argentinos.
Presionar al gobierno mexicano
Este año, con la participación de varias organizaciones mexicanas de mujeres, entre ellas JASS, el comité internacional encargado del monitoreo de la implementación de la Convención de la onu sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), se solicitó formalmente al gobierno mexicano que, a más tardar en agosto de 2014, respondiera por escrito a las siguientes recomendaciones: “Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzadas a fin de que sea posible evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales de modo que las desapariciones forzosas sean tipificadas como delito”.
La falta de documentación y de investigación en torno a las desapariciones forzadas en México constituye precisamente una de las muchas razones por las que este tipo de crimen continúa perpetrándose de manera creciente y queda impune, profundizando aún más la crisis de derechos humanos existente en el país. A juzgar por el silencio del gobierno mexicano —pues no ha presentado el informe solicitado ante el Comité de la ONU— para octubre de 2014 las recomendaciones no habían sido atendidas, respetadas ni implementadas.
Con el propósito de seguir manifestando nuestra preocupación en relación a las continuas violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el país, colaborando juntas, JASS, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH y las Naciones Unidas, el último mes hicieron llegar al gobierno mexicano varias recomendaciones concernientes a cómo hacer frente a los graves problemas que suceden de manera sistemática y a cómo mejorar la situación en torno a los derechos humanos. Por ello, resulta importante que la comunidad internacional mantenga la presión, con el fin de que se respondan todas las preguntas y exista transparencia, de forma que el gobierno se sienta obligado a brindar soluciones y respuestas a las demandas de la sociedad. Los estudiantes, las mujeres y los demás activistas no pueden seguir siendo víctimas de la existencia perpetua de impunidad y de injusticia en el país.
En este sentido, JASS se ha reunido con aliados de los Estados Unidos y de todo el mundo a efectos de mantener el foco de atención en el rol desempeñado por el gobierno en la violencia y en su complicidad con el crimen organizado. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que con nosotras reclame la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas, uniéndose al coro que grita: Ayotzinapa vive, vivos se los llevaron ¡y vivos los queremos!
Articulo escrito por Catalina Ruiz Navarro
