Cuando pensamos en democracia tenemos en el imaginario un modelo de estado y sociedad en el que los pueblos tienen representación para canalizar sus aspiraciones y propuestas; en un Estado que responde a las demandas de sus ciudadanas y ciudadanos y que protege sus derechos y los cristaliza en políticas y programas concretos que abonan a su bienestar en todos los ámbitos – desde lo privado hasta lo público. Un Estado que vela porque la justicia beneficie a todas y todos en igualdad de condiciones y en el que las personas y los pueblos puedan participar de las decisiones que afectan sus vidas cotidianamente.
En el mes de agosto del 2015 Guatemala, un país de aproximadamente 12 millones de personas en su mayoría mujeres y pueblos indígenas, se estremeció ante el anuncio de la captura del presidente Oto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti acusados de liderear una amplia red de corrupción aduanera que dejó a las arcas del Estado en una crisis financiera profunda. El sentimiento generalizado era de triunfo; el pueblo de Guatemala había logrado con su presión sostenida derrocar a un presidente y vicepresidenta y se abría una nueva etapa de democracia para el país. De esto se hicieron eco los medios en todo el mundo y Guatemala pasaba a ser una suerte de ejemplo democrático para la región latinoamericana y para el mundo, como lo fue en su momento la “Primavera Arabe”.
Desde el mes de abril de ese mismo año 2015, las redes sociales se hicieron eco de una fuerte campaña para exigir primero la renuncia de la vicepresidenta y posteriormente del presidente. En la plaza central de la Ciudad de Guatemala se llegaron a concentrar hasta 70,000 personas convocadas en las redes sociales cada semana para concentrarse y exigir el cese a la corrupción. Guatemala había salido del letargo y la aparente indiferencia que experimentaban, particularmente las capas medias, frente a la corrupción desmedida en todas las esferas y frente a la penetración del crimen organizado en el Estado. Desde que se firmaran los Acuerdos de Paz en 1996 después de 36 años de conflicto armado interno no habíamos visto y sentido una expresión masiva de esta naturaleza en la ciudad, epicentro del poder político del país. El conflicto armado, uno de los más cruentos y silenciosos de América Latina, dejó secuelas de terror e impunidad en todos los territorios del país y el silencio seguía siendo el lenguaje privilegiado frente al poder político y económico que se ha mantenido a costa de uno de los mayores índices de desigualdad en el continente.
Las movilizaciones, que se dieron principalmente en la ciudad de Guatemala pero también en otros centros urbanos del país, particularmente en las ciudades más grandes, tuvieron varias características importantes y novedosas: fueron convocadas a través de las redes sociales, por personas comunes (según se dice una mujer ama de casa indignada ante la impunidad y la indiferencia inició la convocatoria a manifestarse); aglutinaron sobre todo, pero no exclusivamente a capas medias urbanas; fueron principalmente protagonizadas por jóvenes, hombres y mujeres principalmente del movimiento estudiantil; en ellas participaron liderazgos de organizaciones sociales “históricas” pero lo hicieron sin una bandera particular de sus organizaciones o gremios y sectores; reunieron a esas capas medias con otros sectores de la población con quienes estas capas medias comúnmente no convergen (particularmente población indígena segregada por el racismo que atraviesa a toda la sociedad). Y aunque no participó desde el primer momento, el sector empresarial más poderoso del país se manifestó también en la plaza para exigir la renuncia del presidente. Para quienes hemos vivido la profunda estratificación de clase y étnica que caracteriza a Guatemala desde su historia colonial, las voces de “el pueblo unido jamás será vencido” proviniendo al unísono de todos estos sectores se nos antojaba surrealista.
Durante años, sin embargo, en diversos puntos del país, los pueblos indígenas, las mujeres, los campesinos y campesinas venían denunciando, marchando y movilizándose por el acceso a la tierra, a la salud, a la educación, sin que sus voces fueran escuchadas o los sucesivos gobiernos cediendo a la presión que hacían momentáneamente para incumplir después los acuerdos a los que se lograba arribar. Durante todos estos años, Guatemala ha sido escenario de diálogos formales que han dejado patente una vez más las grandes asimetrías de poder existentes entre los sectores dominantes del país y las mayorías.
Qué factores influyeron para que esta vez las voces de descontento fueran escuchadas? Varios, diversos y en algunos casos motivados por intereses contradictorios.
Desde hacía algunos años y gracias a la presión ejercida por diversas orgaizaciones de derechos humanos, el gobierno de Guatemala aceptó la instalación de una Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (la CICIG), cuyo mandato se centra en investigar casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos y en fortalecer a los órganos de justicia nacionales en su lucha contra la impunidad y por la justicia. La entidad, que develó casos importantes de violaciones durante el conflicto armado – incluído el de genocidio que generó una condena al general Ríos Montt que posteriormente fue anulada y que hoy se ha reabierto nuevamente – ha sido objeto de ataques y polémica por parte de sectores conservadores y nacionalistas, con el discurso de la no intromisión en asuntos internos por parte de entidades internacionales. A raíz de las movilizaciones y el encarcelamiento del expresidente y vicepresidenta, el actual jefe de la CICIG se ha convertido en un emblema contra la corrupción en el país, al igual que la Fiscal General, Thelma Aldana, respaldada por ese organismo de manera explícita y permanente. La CICIG se expresó a favor de las movilizaciones durante todo su período de auge y continúa haciéndolo en este momento en que las movilizaciones vuelven a activarse, aunque con menor grado de beligerancia.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos se expresó abiertamente a través de su Embajador a favor de las movilizaciones de la población en contra de la corrupción. En un primer momento, presionando claramente por la renuncia de la vicepresidenta y posteriormente por la de Pérez Molina. Conforme pasan los meses, es cada vez más claro el papel clave que los Estados Unidos han jugado en este proceso y los factores que han motivado su involucramiento activo: por un lado, los flujos históricos de migración hacia ese país desde la región que tuvieron un punto álgido de conflicto cuando estallaron denuncias por el trato a niños y niñas migrantes; la postura que asumiera en un momento el entonces presidente a favor de la legalización de las drogas – como lo expresó en un foro de la OEA – y la necesidad de crear un clima de estabilidad en el triángulo norte de la región centroamericana (Guatemala, El Salvador y Honduras) para el impulso de su plan denominado “Alianza para la Prosperidad” , son todos factores clave para asegurar que exista un clima relativamente seguro para la inversión en la región, que contribuya también a neutralizar las grandes inversiones de China y Rusia en infraestructura y proyectos extractivos y relacionados.
Y todo esto a las puertas de elecciones en Guatemala que se realizaron en el mes de septiembre del 2015. Algunos sectores, entre ellos feministas, llamaron a anular las elecciones considerando que no existían condiciones democráticas para impulsarlas en tanto no se impulsara una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y no se crearan condiciones para la participación de amplios sectores de la población. Pero el electorado se sentía fuerte, capaz de derrocar a un presidente, y en ese ánimo se volcó a votar por un candidato que se anunciaba con el eslogan de “ni corrupto ni ladrón” y que provenía de una carrera como cómico de la televisión y la radio. Fue así como Jimmy Morales, el nuevo presidente de Guatemala, llegó al poder. En los últimos meses se ha evidenciado que alrededor de él se aglutinaban ex militares vinculados a las masacres cometidas durante el conflicto armado interno que culminó en 1996.
En los últimos meses, en Guatemala hemos visto avanzar la justicia sobre casos paradigmáticos de una manera que hubiera sido impensable hace unos pocos años. El caso de Sepur Zarco por esclavitud sexual a mujeres indígenas durante el conflicto armado que resultó en la condena de un ex oficial del ejército y un comisionado militar (y que ha sido el único caso de este tipo juzgado en un tribunal nacional), la orden de cese al proyecto minero de La Puya en el que las mujeres han jugado un papel de primera línea, así como otros casos por violaciones y crímenes de lesa humanidad. Se han abierto casos contra diputados del congreso involucrados en la corrupción, funcionarios y ex funcionarios del seguro social y otras entidades del Estado y contra medianas y grandes empresas (hasta ahora una de capital significativo en el país) por evasión de impuestos. Todo esto ha habierto un panorama esperanzador para la justicia en el país, a la vez que sigue develando la profundidad del deterioro del Estado y de la corrupción vinculada al crimen organizado.
Por otro lado, las amenazas, prisión e incluso asesinatos en contra de defensoras y defensoras de derechos humanso y activistas, particularmente aquellas que defienden la tierra y el territorio frente al modelo extractivo (minero, de palma africana, de grandes hidroeléctircas y otros) y de depredación del planeta, continúan sucediéndose. Los ataques por parte de los sectores más conservadores se profundizan y se enfilan particularmente contra los pueblos indígenas como culpables de obstaculizar el modelo de desarrollo que impera en la región. La criminalización de la protesta social es una constante, a excepción de aquella que se enfoca en el ataque a la corrupción y la justicia institucional.
Lo que está pasando en Guatemala refleja las paradojas de la construcción de relaciones de poder diferentes frente a las democracias formales hoy en día. La impartición de justicia en los tribunales es una deuda largamente acumulada para con la sociedad pero no transforma esas relaciones de poder profundamente desiguales en la sociedad. No debemos ni podemos legitimar a un Estado construido a espaldas de un pueblo que no se siente representado y a la vez debemos aplaudir sus avances en materia de justicia. No debemos ni podemos menospreciar las movilizaciones que han logrado que salgamos de la inercia y que siguen incidiendo en la lucha por la justicia pero tampoco podemos dejar de preguntarnos cuáles son sus límites y cuáles de estos son marcados por la voluntad de actores e intereses externos que por una vez han confluido en esta coyuntura histórica.
No podemos tampoco dejar de ver que, pese al importante papel que han jugado las redes sociales en convocar a la población a movilizarse, éstas no sustituyen a los movimientos sociales que se construyen en la vida comunitaria y organizativa de los pueblos, y que comprenden tanto la acción política como la formación política permanente, el debate y la discusión para construir un paradigma de sociedad en igualdad y un planeta en equilibrio.
No podemos dejar de apreciar que en estas movilizaciones no han tenido liderazgos únicos ni verticales, pero al mismo tiempo no hemos podido construir liderazgos colectivos capaces de orientar las energías vivas y diversas de nuestros pueblos, y de manera particular de la diversidad de mujeres que vivimos en el mundo.
El reto de transformar las relaciones de poder para vivir en igualdad, más allá de la democracia formal y en el contexto de crecientes y diversas violencias y de una constante desinformación que se instala en nuestros imaginarios supone, entre otras cosas, pensar estratégicamente y a largo plazo a la vez que nos cuidamos y protegemos cada momento; reconocer nuestras diferencias y construir sobre nuestras coincidencias; transformarnos cotidianamente para transformar nuestras relaciones. No es un reto menor, sobre todo para las mujeres, pero es imaginando ese mundo en el que queremos convivir que podemos juntas para transformarlo.
