ESTALLIDO POPULAR EN GUATEMALA - LA INDIGNACION ACUMULADA

El impacto de los huracanes Eta y Iota no se dimensiona aun cuando una nueva crisis, producto de un acumulado histórico en el país, estalló en Guatemala. La crisis política es el resultado de la indignación de amplios sectores de la población por la corrupción y la impunidad que se da en el Estado y se expresa particularmente en el Congreso de Guatemala.

Las movilizaciones pacíficas de miles de personas este sábado 28 de noviembre empezaron sin incidentes. Después de las críticas nacionales e internacionales de la violencia policiaca hace una semana, en horas de la mañana el ministro de Gobernación dijo que garantizaría la seguridad de la población, dando un giro ante la presión de la población para que sea destituido por la brutal represión del sábado pasado. Al igual que durante la semana, la presencia de mujeres y jóvenes fue notoria en varias plazas del país, pidiendo la renuncia del presidente y sus ministros, y de la directiva del Congreso, entre otras demandas

Sin embargo, según denuncias, videos y fotos del lugar, a las 17:15 de la tarde un grupo incendió un autobús frente al Palacio Nacional, mientras la Policía Nacional no intentó impedirlos. La población logró controlar la situación, pero este grupo agredió a varias personas de las organizaciones de derechos humanos y otros

Un comunicado de la Convergencia por lo derechos Humanos, una asociación de varias organizaciones de la sociedad civil, señaló: “La Convergencia por los Derechos Humanos repudia las acciones provocadas que se conciertan para deslegitimar el derecho de reunión y manifestación pacifica y se solidariza con las personas agredidas por el grupo de provocadores infiltrados. Señala como autores de misma al Ministro de Gobernación Gendri Reyes, al Viceministro de Seguridad Carlos Franco Urzúa, al Director General de la PNC José Antonio Tzubán, al Sub Director General Adjunto de la PNC Edwin Adriano, y, sobre todo, al Presidente Alejandro Giammattei.”

La gota que derramó el vaso

El miércoles 18 de noviembre el Congreso de la República aprobó en sesión del pleno y durante la noche, un presupuesto que tendría que ser ratificado en el Ejecutivo, que entre otras cosas reducía los fondos para los programas sociales, particularmente para el combate a la desnutrición, y aumentaba los fondos para los diputados. Varios de ellos tienen un historial de corrupción e incluso demandas en su contra en el seno del mismo congreso y entidades del organismo judicial y otros organismos del Estado en lo que se ha dado por llamar “el pacto de corruptos”.

La noticia se fue filtrando a la prensa y provocó la indignación y enojo de muchos sectores del país; poco a poco distintos sectores se fueron pronunciando, incluyendo el CACIF (la coordinadora de empresarios más poderosa del país) y llamaron a manifestarse el día sábado en todas las plazas, incluyendo la plaza central de la Ciudad de Guatemala.  Notoriamente, mujeres y jóvenes llamaron a denunciar la situación y a pedir la renuncia del presidente y de los diputados que aprobaron el presupuesto.

El 21 de noviembre se reunió una multitud en la plaza central de la Ciudad de Guatemala y en otros departamentos-Alta Verapaz, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango entre otros. La manifestación nutrida y pacífica, la mayoría con mascarillas de protección, estaba rodeada por elementos de la policía nacional civil.  Cerca de ahí, frente al Congreso de la República, se reunió un grupo de manifestantes y en un momento dado algunos hombres jóvenes se subieron a las ventanas y rompieron los vidrios y se provocó un fuego en esa sección frontal del Congreso. 

Existen numerosos videos y evidencia gráfica de que las puertas del congreso se abrieron por dentro y de que estaban preparados con extintores, además de que la fuerza policial que rodeaba el edificio no se movió en el momento para impedir los daños al edificio.  Además, más tarde el ministro de gobernación admitió que en el interior del edificio había 40 miembros de la PNC preparados para cualquier eventualidad. 

El suceso está bajo investigación del Ministerio Público, pero cada vez se acumulan mayores evidencias de que fue una acción alentada por gente infiltrada en la manifestación para justificar el uso de la fuerza que se dio posteriormente.  Horas antes se había suscitado un evento similar frente a la municipalidad de Guatemala en donde algunos jóvenes prendieron fuego al monumento a Álvaro Arzú- ex presidente del país que al momento de su muerte (por causas naturales hace dos años aproximadamente) estaba también bajo investigación durante su mandato como alcalde de la ciudad capital.

La reacción ante este hecho de las fuerzas policiales fue de represión brutal.  Dispararon gases lacrimógenos contra los y las manifestantes, golpearon con sus bastones a mucha gente y persiguieron a periodistas y gente que estaba documentando la situación.  Dos jóvenes perdieron un ojo por el impacto de las bombas lacrimógenas; varias mujeres fueron golpeadas y arrastradas por la policía y más de 40 personas (jóvenes y mujeres en su mayoría) fueron detenidas.  Al momento, solamente uno se encuentra todavía en prisión (porque según se explica cambió de abogado y el proceso está en marcha).  Las manifestaciones denunciando estos hechos, las evidencias gráficas que existen y las continuas movilizaciones de diversos sectores han continuado desde entonces.

Horas antes de estos hechos, el vicepresidente Castillo, empresario con reputación de ser una persona moderada, dio una conferencia de prensa donde compartió que le había planteado al presidente que ambos renunciaran en aras de la estabilidad del país.  Su postura de distanciamiento del presidente no es nueva y denuncia falta de voluntad del ejecutivo para atacar la corrupción, además de que ha sido apartado de sus funciones por la creación de una Oficina de Gobierno que en la práctica lidera el gabinete y que preside quien según se dice es la pareja del presidente. 

Es posible que, de renunciar el presidente, Castillo sea la figura de cierto consenso en el sector empresarial para suceder a Giammattei, quien podría ya no representar los intereses y la estabilidad que al empresariado le conviene.  Dar marcha atrás a la propuesta de presupuesto enfrenta problemas legales- sólo puede darse si el pleno del congreso lo aprueba.

Los diputados de oposición del Congreso han pedido la renuncia de la Junta Directiva y el presidente ha convocado a “diversos sectores” del país a discutir la propuesta presupuestaria, algunos de los cuales se han negado a participar.  Los pueblos indígenas, siendo al menos la mitad de la población, no han sido convocados y las autoridades ancestrales y otras organizaciones han manifestado también frente al palacio durante estos días expresando su descontento.  Las mujeres y feministas de diversas organizaciones se manifiestan también de manera notable junto con jóvenes en todo el país.

Las demandas de la población

Contrario a lo que se pensaba de que la situación no podía ser peor, la destrucción de los pocos espacios democráticos se sigue profundizando en el país con repetidos intentos de romper con la endeble institucionalidad del Estado, y ante la falta de respuesta a la población cada vez más empobrecida y vulnerable del país.  La ausencia del Estado en las zonas rurales se hizo más evidente con la pandemia y con la falta de respuesta articulada para auxiliar a la población por los impactos de los huracanes.  A este momento, muchas comunidades continúan estando aisladas debido a las inundaciones, la pérdida de infraestructura de comunicación y agravada por la pérdida de cosechas, cuyos impactos se verán más claramente con el paso del tiempo.

Desde la población y la sociedad civil organizada hay muchas y diversas propuestas- unas que apuntan a cambios estructurales más radicales y otras a acciones inmediatas que abonen a cambios en un proceso de más largo plazo.  Las que parecen consensuar más opinión hasta este momento son:

  1.  La renuncia del presidente
  2. La renuncia del Ministro de Gobernación y del Director de la Policía Nacional Civil.
  3. El castigo a los responsables de la represión y el respeto a la libre expresión
  4. El veto a la propuesta presupuestaria


Se prevée que continúen manifestaciones públicas en los siguientes días desde distintos sectores.

 

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