Archivos del Blog de JASS para Julio 2019

by Daysi Yamileth Flores Hernandez on Julio 1, 2019 on 6:59 pm

El 2019 inició como un presagio de resistencia ya que se cumplirán diez años del golpe de Estado. Al igual que un año y medio de un gobierno ilegítimo por dos aspectos que violentan la democracia: en primer lugar, la violación al artículo 239 de la Constitución de la República, el cual establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República”. Es decir, no a la reelección, que fue el argumento más poderoso para perpetrar el Golpe de Estado del 2009. Sin embargo, en 2017 la Corte Suprema de Justicia, dictaminó a través de una resolución a un recurso de inconstitucionalidad que era inconstitucional el 239 puesto que violaba derechos civiles consagrados en los tratados internacionales. Sin embargo, no es deber de una Corte Suprema de Justicia dictaminar la constitucionalidad de un artículo pétreo (como en efecto lo es el 239) puesto que éstos artículos sólo pueden ser reformados a través de una Constituyente. No obstante, el proceso de elecciones siguió su curso, teniendo como oposición a La Alianza.

En segundo lugar, los muy cuestionados resultados de las elecciones de diciembre de 2017 donde pudimos observar nuevamente el poder que tiene Estados Unidos sobre Honduras, y al mismo tiempo una Organización de los Estados Americanos desorganizada y cooptada por una gran crisis, tal como fue señalado por Juan Jiménez Mayor en su renuncia como vocero de la MACCIH. A estas elecciones fraudulentas que son terribles para la democracia de un país, se le suman los actos de corrupción destapados por la MACCIH  en donde están implicados varios funcionaros públicos, ex alcaldes, diputados y diputadas. Así como la captura en Estados Unidos en noviembre 2018 de Juan Antonio Hernández hermano del actual presidente, acusado en un tribunal en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico y su proceso judicial iniciará en septiembre de 2019. A pesar que el presidente actual no ha sido acusado o las menciones sobre él de los testimonios de narcotraficantes hondureños procesados en Estados Unidos no son claras, si su entorno gubernamental y familiar está sumamente vinculado y cada día más hay una tensión social por saber la verdad.

 

Esta tensión está estrechamente ligada al gasto público desproporcionado para la compra de armamento (incluyendo bombas lacrimógenas), para la de creación de nuevas tropas de élite,  en el aumento de la militarización y  de instituciones de seguridad con el discurso de enfrentar el narcotráfico. Ya que la ciudadanía no ve un cambio real proporcional al gasto, y por otro lado, las áreas de salud y educación han sido prácticamente abandonadas tanto así que no hay una crisis sino que se ha declarado una emergencia en ambos campos. En vista de lo anterior los gremios de salud y educación han advertido, por separado desde hace algunos años, sobre los efectos del golpe de Estado en ambos sectores. Ahora bien, el detonante principal de la toma de las calles y carreteras a nivel nacional, así como su unión como Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación fue la aprobación por el Congreso Nacional del acta número 6 el día 25 de abril de 2019, que aprobaba las leyes de Reestructuración y transformación en el sistema de salud y educación y autorizaba la reasignación y modificación en los presupuestos de las secretarías de Salud y Educación.

Ambas leyes son consecuencia de los decretos ejecutivos PCM206 y PCM027 de 2018 los cuales fueron comunicados y publicados el 17 de septiembre de ese mismo año por el poder ejecutivo. Los PCM lo que pretenden es la “modernización de la salud y de la educación”, sin embargo, esta modernización puede tener consecuencias graves para las trabajadoras y trabajadores de ambos gremios, al igual que la privatización de ambos sectores. La ley de Reestructuración quedó sin efecto al ser retirada por votación unánime en el Congreso Nacional en abril de 2019 y en mayo también fueron derogados los PCM en un acto sumamente corrupto por parte del gobierno, ya que llamó a dirigentes del gremio de educación que no eran representativos de la Plataforma, y en conjunto redactaron unos nuevos PCM que decretaron la emergencia en salud y educación con el fin de privatizar los servicios que son un derecho básico.

Todas las acciones para desenmascarar los actos fraudulentos lo lideraron dos mujeres luchadoras, la Doctora Suyapa Figueroa y la Doctora Ligia Ramos, ambas han sido fundamentales para la lucha y  la esperanza colectiva de que la voluntad del pueblo sea respetada. Además han sido la punta de lanza de la protesta social y paros de labores logrando, como hemos mencionado, algunas conquistas ganadas. Actores como la Conferencia Episcopal y la empresa privada se han sumado a los cuestionamientos y Adolfo Facussé, un empresario muy reconocido se atreve a cuestionar la existencia misma de las Fuerzas Armadas, a pesar de las supuestas fisuras en la institución castrense entre quienes apoyan y quienes cuestionan al actual mandatario. Es decir, podemos ver la ruptura de la alianza l entre la clase alta del país. Que cada día ven la acumulación del poder y del capital por parte de la cúpula presidencial, que les afecta de manera directa como inversionistas nacionales. Pero no cabe duda que la parte más fuerte de esta acumulación son los sectores más desfavorecidos.

Las protestas sociales no han cesado, el día 19 de junio policías de la escala básica del comando Cobras se unieron a los paros nacionales en un acto de “fusiles caídos” con un discurso de unión y solidaridad con el pueblo, en sus comunicados decidieron no reprimir a la ciudadanía que tiene tomas de carreteras y calles. Pero sabemos que detrás de ese discurso también había otras demandas como el aumento de salarios y mejores condiciones laborales. Esto también es consecuencia de la creación de nuevas tropas de élite, ya que anteriormente Los Cobras fueron la tropa de élite de la policía, encargados de secuestrar y tortura a varios manifestantes en agosto de 2009 durante el golpe de Estado. No cabe duda que la unión al paro por parte de los Cobras dio a la ciudadanía en diferentes puntos del país el ánimo para tomarse las calles hasta altas horas de la madrugada del día viernes 20 de junio. Sin embargo, en los días siguientes el paro de “fusiles caídos” fue desarticulado sin necesidad de la intervención de las fuerzas armadas, que era la supuesta amenaza que había para desmontarlo. Ante ello, queda la incertidumbre si ésta fue una cortina de humo para desmantelar el diálogo alternativo propuesto por la Plataforma para la elaboración de una agenda ciudadana para el sector salud y educación; que se llevó a cabo el día 18 de junio el cual quedó en segundo plano después de los incidentes de violencia por parte de los entes de seguridad del Estado suscitados desde el día 18 en horas de la tarde hasta el día 20 de junio. El 21 de junio el presidente, avalado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ordena el despliegue de las fuerzas armadas para “controlar las protestas”. Los cuales, según el monitoreo de medios de comunicación que llevó a cabo la Coalición contra la Impunidad, dejó un saldo de 30 personas heridas por armas de fuego y cinco (5) personas muertas entre ellas un joven de 17 años quien recibió varios impactos de balas que le causaron la muerte durante la toma de carretera en Yarumela, departamento de La Paz (zona centro accidente del país). En Tegucigalpa, el lunes 22 de junio la Policía Militar violenta la autonomía universitaria entrando al campus de Universidad Nacional Autónoma de Honduras y dejando un saldo de 5 estudiantes heridxs de bala, además de las afectaciones por los gases lacrimógenos. Ante estos hechos, el gobierno central no se ha pronunciado de ninguna manera, como tampoco lo ha hecho el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras.

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