Audiencia sobre Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, denuncia violencia de género en contra de defensoras de derechos humanos y mujeres en el marco de políticas represivas en México
29 de Septiembre de 2014
En la Comunidad Indígena de Santa fe de la Laguna, Michoacán, habitada principalmente por población Purépecha; se realizó del 26 al 28 de septiembre 2014 la audiencia temática final sobre Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Gracias a la generosidad e histórica organización comunitaria de los y las habitantes de Santa Fe de la Laguna, esta Audiencia Final congregó a cerca de 400 personas de diversas partes del país que, en la plaza central de la comunidad, escucharon con atención los 16 casos presentados por víctimas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
JASS, a través de su directora para Mesoamérica, fue convocada por el Comité Cerezo y demás organizaciones del grupo impulsor del TPP en el eje de Guerra Sucia, a formar parte del jurado de esta Audiencia Final. Dicho jurado también estuvo integrado por Marcelo Ferreira (Argentina), Alberto León Gómez (Colombia), Beatriz Torres (Chile) y Soila Luna Pineda (México).
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tiene como misión principal “construir escenarios de denuncia donde víctimas y agraviados puedan recuperar el derecho de afirmar la verdad sobre los hechos sufridos, reconstruyéndolos cuidadosamente”. Fue fundado en 1979 por el abogado y senador socialista Lelio Basso, quien fue figura clave en la convocatoria y la relatoría de los tribunales Russell que juzgaron los crímenes del gobierno de los Estados Unidos cometidos en Vietnam y examinó la represión llevada a cabo por las dictaduras militares en Latinoamérica[1]. En 2010 diversas organizaciones solicitaron al TPP abrir un capítulo en México con la finalidad de “visibilizar la situación de violencia estructural imperante vivida en este país a raíz de la firma de numerosos tratados del libre comercio, e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha política económica”[2].
La fuerte participación de las mujeres en la lucha por la justicia y la vigencia de los derechos humanos fue evidente en la mayoría de los casos presentados a lo largo de los dos días que duró la Audiencia. Desde las jóvenes estudiantes que luchan por el derecho a la educación, o defensoras indígenas que históricamente han defendido su territorio del saqueo y la violencia, hasta las familiares de víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria que -en su búsqueda por la verdad y la justicia- se han transformado en defensoras de derechos humanos.
De los 16 casos presentados ante esta Audiencia, la mayoría contenían algún tipo de violencia en contra de defensoras de derechos humanos y/o en contra de mujeres en el marco de actos represivos o contextos de conflictividad social perpetrada o tolerada por el Estado. Dos de estos casos fueron emblemáticos del uso de la violencia contra las mujeres como mecanismo del Estado para el control social a través del miedo y la vulneración del tejido social. Uno de ellos fue el registrado ante el TPP bajo el nombre de “Masacre de Acteal” que documentó la masacre de 33 mujeres y niñas, de un total de 45 víctimas, integrantes de la organización Sociedad Civil las Abejas, las cuales fueron ejecutadas el 22 de diciembre de 1997 por un grupo paramiliar en la Comunidad Acteal, municipio de Chenaló en Chiapas. Este caso resulta emblemático no solo por la evidente intención del Estado, a través de grupos paramiliares, de sembrar pánico entre la población e inhibir la acción de organizaciones populares , a través de la ejecución extrajudicial principalmente de mujeres y niñas, sino por el nivel de saña ejercido en contra de las mujeres ejecutadas.
“…los cuerpos encontrados de las mujeres embarazadas, tenían cortadas realizadas con arma punzocortante en el vientre dirigidas a asesinar a los neonatos. Algunos testimonios afirman que los cuerpos sin vida de al menos cuatro mujeres fueron ultrajadas sexualmente cuando estas ya se encontraban sin vida…”[3].
El otro caso fue el registrado para el TPP bajo en nombre de “Atenco” en el cual se documenta la detención arbitraria de 47 mujeres, defensoras de derechos humanos y pobladoras sin adscripción organizativa, de las cuales 9 fueron violadas y 23 sufrieron abusos sexuales, en el marco de los hechos represivos de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Otros de los casos referidos documentan también la omisión del Estado mexicano de su deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones en contra de las defensoras de derechos humanos. Es el caso presentado en esta Audiencia de ejecución extrajudicial de la estudiante mexicana Verónica Natalia Velázquez, en el marco de la Masacre de Sucumbios en donde fueron asesinados otros tres estudiantes y una fue gravemente herida. En dicho caso el Estado no solo ha omitido la investigacion sino ha tenido comportamientos de encubrimiento y complicidad.
Por intento de ejecución extrajudicial fueron presentados los casos de Mayra Valenzuela Rosas quien el 7 de mayo de 2004 en el Distrito Federal fue herida de bala por grupos llamados “porriles”, es decir, grupos de corte paramiliar tolerados por autoridades universitarias, en las instalaciones de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México. También se presentó el caso de intento de ejecución extrajudicial de Rosa Hérnandez Reyes, estudiante universitaria del estado de Michoacán, quien el 9 de abril 2014 fue arrollada por un auto que autoridades de tránsito dejaron circular cuando ella, junto con otros estudiantes, se encontraban realizando en la ciudad de Morelia una manifestación por el derecho a la educación.
También se presentaron casos de detención arbitraria como es el caso de las defensoras Alma Santa Cruz Tzintzun y Maira Candelaria Ornelas Correa del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la defensora Graciela Hernández Arreola.
Una mención especial merece el impacto psicosocial que enfrentan las familiares de víctimas de desaparición forzada por la estigmatización de la que son objeto, la carga de tiempo y recursos que implica la búsqueda de justicia, las amenazas y agresiones de las que son objeto y el costo emocional de la reiterada negación del acceso a la justica, entre otras. Como dijera la defensora de derechos humanos Nadin Reyes, quien presentó el caso de desaparición forzada en contra de su padre Edmundo Reyes Amaya y su compañero Gabriel Alberto Cruz, “la desaparición forzada es una forma de tortura para las familias”.
A lo largo de la Audiencia se recuperaron también diversos testimonios y denuncias de violencia sexual en contra de las mujeres, perpetradas por grupos paramilitares o “pandillas” toleradas por autoridades en comunidades de Michoacán, Chiapas y el estado de Puebla.
El análisis de estos casos da cuenta de cómo la violencia contra las mujeres, incluidas las defensoras de derechos humanos, es una práctica generalizada del Estado mexicano en el ámbito nacional y local que forma parte de las políticas represivas y de control social.
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una forma de discriminación prohibida por la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y una violación de los derechos humanos. Como se establece en las observaciones generales 19 y 30 del Comité de la CEDAW, la violencia por razón de género tiene por objeto menoscabar la participación significativa en pie de igualdad de las mujeres en la vida política y pública. Las políticas y actos represivos y toda forma de conflicto perpetrada o tolerada por el Estado agravan las desigualdades existentes entre los géneros y son un obstáculo grave para la consecución de la justicia y la paz.
Desde JASS, nos sentimos honradas por haber participado en este ejercicio de memoria y justicia desde la ciudadanía y que remos reconocer y agradecer el valor y la fuerza de todas las compañeras defensoras de derechos humanos presentes en esta Audiencia que dieron testimonio de las graves violaciones cometidas en su contra o estuvieron en representación de sus familiares.
