Protección Colectiva y Defensoras de Tierra y Territorio


El 10 de mayo, JASS y el Fondo para los Derechos Humanos Globales (FGHR) organizaron un diálogo como parte del lanzamiento del artículo, “Protección colectiva para defender el territorio, defensa del territorio para proteger la vida”. Por eso reunimos a las autoras Lolita Chávez Ixcaquic, defensora de la tierra en Guatemala y Marusia López Cruz, México, así como a defensoras de la tierra de Filipinas y Sudáfrica y a convocantes de JASS y FGHR, con el propósito de dialogar sobre la evolución de las estrategias para la protección colectiva enraizadas en la experiencia y la cosmovisión de las comunidades indígenas.

Shereen Essof, directora ejecutiva de JASS, inició la conversación afirmando: “Nos enfrentamos a un empeoramiento de las condiciones; estas se han visto agravadas por la pandemia, por lo que seguimos cuestionando nuestros supuestos y repensando la idoneidad de nuestros enfoques de protección”. En este sentido, Shereen planteó tres preguntas para enmarcar el debate: ¿Cuál es la dinámica cambiante del poder y la violencia? ¿Por qué ahora, a pesar de que se dedican más recursos a la protección, las defensoras corren mayor riesgo? ¿Cómo podemos cuestionar y cambiar las narrativas sobre la protección?

Este diálogo es el resultado de años de colaboración de JASS y el FGHR en una iniciativa llamada “Defender los derechos en contextos hostiles”. Dicha iniciativa reunió a activistas de primera línea, a donantes y ONG de la comunidad de derechos humanos de varias regiones en una profunda conversación sobre el significado y las implicaciones que suponen para la seguridad de los activistas el “cierre del espacio cívico” y el aumento del autoritarismo. Estas reuniones se centraron en la comprensión de las intersecciones entre el poder, el género, las narrativas y el riesgo, así como en la importancia de las estrategias holísticas del movimiento para la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.

El cambio a un marco de protección Colectiva 

Lolita Chávez y Marusia López Cruz, autoras del citado artículo, expusieron los conceptos centrales abordados en el mismo: la intensificación de las amenazas y los ataques en el contexto del acaparamiento de tierras y recursos por parte de empresas privadas y apoyado por los gobiernos, y la manera en que la organización de la comunidad construye el poder colectivo y fortalece la protección.

Lolita Chávez aportó su experiencia personal como feminista comunitaria maya k’iche’, integrante del Consejo de los Pueblos K’iche’ de Guatemala y activista internacionalmente conocida en la lucha por la defensa de la vida, la naturaleza y el territorio. Desde que comenzó a trabajar con comunidades indígenas para hacer valer su derecho a tomar sus propias decisiones respecto a la incursión de proyectos extractivistas destructivos en su territorio, Lolita ha sido objeto de nueve intentos de asesinato, allanamientos, difamación y criminalización. Actualmente vive en el exilio. Las comunidades han detenido 32 concesiones mineras en sus tierras.

La protección colectiva para tierra y territoiros es protecion para la vida, es una herramienta desde las cosmivisones orignarias, desde los pueblos, a traves de varios elementos que tenemos en los territiorios donde vivimos”, dijo a la audiencia en línea, conformada por activistas de derechos humanos, operadores y financiadores. Los territorios, explicó, han sido invadidos por industrias extractivas, entre ellas, la minería, las hidroeléctricas, la extracción de petróleo y gas. El fortalecimiento de la cohesión comunitaria, la educación, la organización y la resistencia, hace que las defensoras y los defensores de los derechos se vuelvan menos vulnerables, estén más apoyados y sean más eficaces.

“La protección colectiva empieza por la construccion de poder colectivo y este poder colectivo lo vinculamos a tomar decisiones desde nuestra libre determinación, desde nuestra autonomía… Lolita puso como ejemplo las “consultas comunitarias de buena fe”, realizadas por organizaciones indígenas guatemaltecas, las cuales han llevado a declarar territorios libres de extracciones en muchas partes del país.

Otro principio esencial involucrado en la protección colectiva es que la defensa de la tierra requiere la defensa de los cuerpos. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres. A menudo estas son objeto de la violencia general y la violencia sexualizada ejercida como táctica represiva por las empresas y los gobiernos, que buscan destruir su poder como lideresas, o por los hombres de sus propias organizaciones, comunidades y familias, como parte de los sistemas patriarcales de control y dominación.

Es importante ver la defensa del territorio no visto desde un planteamiento aislado de nuestro territorio cuerpo. Nuestro territorio-cuerpo es el primer territorio de defensa dado que en él, también hay una historia de violencia de las múltiples opresiones generadas por la colonización, generadas por el racismo, generadas por el patriarcado y generadas por las empresas extractivas que generan muerte y destrucción. Allí es importante reconocer la fuerza de las consultas libre de minería, que no tenemos el extractivismo. También el planteamiento es ‘nuestro cuerpo libre de expresiones de violencia machista’. Este es el poder colectivo, esta es la protección colectiva.”

Por su parte, Marusia López Cruz ha trabajado durante años junto a las defensoras de la tierra en la definición y la implementación de medidas de protección colectiva en sus comunidades a nivel de toda la región, haciéndolo primero con JASS y ahora como codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Al respecto, destacó lo que su experiencia nos enseña sobre la importancia de ir más allá de una perspectiva individual.

“La proteccion colectiva es aquella que nos hace concientes de que no habrá chalecos antibalas, no habrá refugios, no habrá acciones urgentes que valgan, mientras el sistema de despojo y de depradacion de los territorios siga existiendo y siga expandiéndose. La protección colectiva es una protección que está anclada en la realidad de los territorios, de los barrios, de las comundidades; que está basada en las personas, en los recursos y en las fortalezas que las comunidades tienen y en el tejido social exististente que tienen.

“Sabemos que una comunidad bien organizada, solidaria, que promueve el apoyo mutuo para resolver las necesidades básicas cada vez más apremiantes, una comunidad que involucra a todas las pesonas en la defensa de los derechos es sin duda una comunidad que va a tener mayor capacidad de enfrentar los ataques y amenazas de quienes quieren destruir su territorio.” Marusia hizo referencia a las críticas de la líder garífuna hondureña, Miriam Miranda, a los mecanismos que alejan a las defensoras de su territorio por seguridad, lo que debilita la resistencia in situ en lugar de crear estrategias más amplias y profundas destinadas a apartar los factores de riesgo del territorio.

Una perspectiva interregional

Para conocer la resonancia de la experiencia mesoamericana en otras regiones, Mafel Macalanda, de Filipinas, y Nonhle Mbuthuma, de Sudáfrica, hicieron comentarios sobre las ponencias de Lolita y Marusia desde su propia vivencia como organizadoras y defensoras. Mafel Macalanda lleva más de dos décadas tejiendo organización en la comunidad indígena de Tuwali (Ifugao). Actualmente es la coordinadora regional de Punganay (nacimiento) - Alianza de Pueblos Indígenas del Valle de Cagayan; además, es socia de la Red Nacional de Mujeres Indígenas de la BAI e integrante del Consejo Asesor de la Red de Pueblos Indígenas Jóvenes de Asia. Al reflexionar sobre la situación de Mesoamérica, vio notables similitudes, tanto en cuanto a las amenazas que deben enfrentar como en las respuestas desarrolladas desde las bases.

“Intentamos proteger nuestras tierras y recursos naturales utilizando los conocimientos y valores indígenas que nos enseñaron nuestros antepasados. Sin embargo, estos se ven amenazados por proyectos de desarrollo implementados en nuestras comunidades. Aunque las comunidades se oponen a estos proyectos destructivos, como la minería y las grandes presas, el gobierno sigue permitiendo que los mismos funcionen. Por eso es justo que nuestras comunidades defiendan nuestros territorios, oponiéndose a estos proyectos destructivos.

Además, comentó que en Filipinas las mujeres indígenas están al frente de estas luchas, y que las personas que lideran los movimientos son etiquetadas como “terroristas” y detenidas bajo cargos falsos o incluso asesinadas. Al respecto, informó que 117 líderes indígenas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que, bajo este régimen y en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la violencia está aumentando. Mafel explicó que, en este ambiente extremadamente hostil, la construcción de poder y protección colectiva a partir de sus prácticas indígenas es fundamental para el trabajo diario de supervivencia y resistencia.

“Cuando sustentándonos en nuestros valores y prácticas indígenas en nuestras comunidades hablamos de ‘protección colectiva’, esto significa ayudarnos unos a otros. Eso también incluye la agricultura y otros tipos de medios de vida que benefician a toda la comunidad, no sólo a los individuos. Por lo que es lógico que cuando nuestras tierras son amenazadas, la comunidad se una para protegerlas. Porque la tierra es la vida”, afirmó Mafel. Añadió que entre las acciones específicas en las que hacen hincapié se incluyen la educación popular, la enseñanza de herramientas básicas de organización, la visibilización de ejemplos exitosos y la organización intersectorial con entidades afines, como gobiernos locales, iglesias, académicos y aliadas globales

Nonhle Mbuthuma, organizadora y portavoz del Comité de Crisis de Amadiba, en la comunidad de Xolobeni (Sudáfrica), quien lleva años luchando contra la minería, señaló: “Efectivamente, la experiencia sudafricana es la misma. Al luchar por el futuro de nuestros hijos, vemos que son sobre todo las mujeres quienes lideran y están al frente de esta estructura”. Consideradas más vulnerables, las mujeres —incluida Nonhle— han sido objeto de amenazas y ataques por parte de la empresa y de agentes del gobierno.

El enfrentamiento con la minería ha llevado a las comunidades a cuestionarse el significado del desarrollo. “Todo desarrollo comienza con la tierra y, si la tierra no es protegida por la gente que vive en ella, se vuelve muy fácil que las comunidades sean desplazadas en nombre del desarrollo. Cualquier desarrollo debe funcionar para las comunidades y estar en consonancia con su modo de vida, de lo contrario, no es un verdadero desarrollo para la gente. Por eso insistimos en esta lucha por el derecho a decir ‘no’ a las decisiones que nos afectan. También por eso los legisladores protegen el capitalismo aprobando leyes que nos niegan nuestro derecho a tomar decisiones informadas sobre nuestra tierra. Cuando defendemos la tierra y la vida, estamos resistiendo al capitalismo”, sentenció. Amadiba utiliza talleres y diálogos para explorar las cuestiones más profundas de lo que constituye el desarrollo, la pobreza, la protección y otros términos, cuyo significado a menudo se da por sentado.

Nonhle señaló que su grupo emplea diferentes criterios para entender el desarrollo. “¿El desarrollo es para el bien de todos? Mediante talleres y diálogos abordamos estas cuestiones. En las comunidades ‘pobres’ es especialmente importante preguntarse esto: ‘¿Qué significa ser pobre?’ Cuando se dice que nuestras comunidades son ‘las más pobres entre las pobres’ nos preguntamos: ¿somos realmente pobres? Nosotros no lo creemos, y por eso nos unimos para defendernos. Esta idea de que somos pobres supone una forma de colonizar nuestras mentes y de hacer que desvirtuemos lo que somos para que nos manipulen y aceptemos cualquier cosa que se nos presente en la mesa de negociaciones. Considerando los recursos que tenemos en la tierra, ¿somos pobres o estamos empobrecidos? ¿Somos pobres por culpa del dinero? La acción colectiva y la participación comprometida nos ayudan a construir nuestra resistencia. Para nosotros, ser pobre significa no tener vivienda ni tierra ni comida. Pero, si tenemos estas tres cosas, no podemos hablar de ser pobres, y cuanto más insistimos en esta narrativa, más nos empoderamos en la comprensión de quiénes somos y qué tenemos, y en cómo podemos utilizar lo que tenemos para mantenernos a nosotros mismos, nuestras necesidades y el desarrollo."

Estas experiencias desde la práctica condujeron a una reflexión en torno a cómo definir y aplicar la protección colectiva, y a la manera en que la comunidad de protección más amplia puede apoyar los modelos de base. James Savage, director de Entorno Favorable para las personas Defensoras de Derechos Humanos, programa del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales, señaló,

“Los Estados y las empresas han comprendido el poder de la resistencia colectiva, por lo que utilizan estrategias orientadas a distraer, dividir y debilitar las luchas de base, apuntando, entre otras cosas, a las defensoras en lo individual. Para hacer frente a esta situación se requiere el apoyo de los financiadores y las aliadas cuyo objetivo sea fortalecer el poder colectivo”. Agregó que esto implica una serie de cambios en el enfoque de los financiadores y las aliadas, entre ellos, fundamentar el apoyo en el análisis de las defensoras sobre la violencia histórica y estructural inherente a sus luchas; comprender el impacto colectivo de la violencia y la seguridad colectiva como seguridad personal; organizar más diálogos para lograr entendimientos y estrategias comunes; y conectar e integrar las estrategias de protección con el trabajo de construcción de poder colectivo a largo plazo, para cambiar el modelo económico y social dominante.

James Savage, del FGHR, con sede en Londres, presentó una serie de preguntas provocadoras dirigidas específicamente a los financiadores y las aliadas:

  • ¿En qué sentido nuestros programas de protección y su financiación podrían ser diferentes si modificáramos el discurso de las defensoras en riesgo —y la protección que necesitan—, actualmente amparado por el paradigma de la víctima/heroína individual, y nos centráramos, en cambio, en una narrativa de lucha activista colectiva?
  • Nuestras estrategias ¿están diseñadas para responder al análisis local, posibilitar procesos colectivos y fortalecer el tejido social de la comunidad y las redes?
  • Esos programas y fondos ¿Invierten en la capacidad de liderazgo y de toma de decisiones de las MDDH, elevan sus narrativas y celebran sus contribuciones?
  • ¿Son establecidos de manera que consideren la carga continua y desigual del trabajo doméstico y de los cuidados que muchas mujeres activistas siguen asumiendo solas?
  • ¿Cuál es nuestra idea sobre el “impacto” de nuestros programas de protección y financiación y qué valor le atribuimos?
  • ¿Cuán diferente es nuestra comprensión de los resultados del fortalecimiento de la protección mediante procesos colectivos continuos en territorios y comunidades liderados por MDDH, de un modelo más didáctico de capacitaciones (con algún seguimiento o sin él)?
  • ¿Qué conocimientos, habilidades y prácticas estamos asociando y valorando en el trabajo de protección visto desde la lente del fomento de un tejido social más fuerte, o de la capacidad técnica de las medidas de seguridad digital y física?
  • Nuestra solidaridad y nuestro trabajo en red ¿Son suficientes y funcionan para las defensoras y las comunidades en riesgo?

Las preguntas anteriores apuntan a la necesidad de profundizar y ajustar nuestro pensamiento sobre la protección. La colaboración entre JASS y FGHR, así como el diálogo en torno a la protección colectiva, pretenden fomentar una conversación interregional y multisectorial sobre este tema. Invitamos a participar a todas las personas y organizaciones interesadas. Por favor, envíe sus comentarios, preguntas, herramientas y experiencias a info@justassociates.org

País: