Ya transcurrieron varios meses desde que brotó la pandemia de salud mundial que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, describió como “la crisis más desafiante que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial”. El COVID-19 ha matado a miles de personas, ha contagiado a millones y ya cambió nuestra forma de vida. Para comprender mejor lo que está sucediendo sobre el terreno, varias compañeras de jass conversaron con nuestro personal y nuestros aliados en cuatro continentes sobre las repercusiones del COVID-19 en sus vidas, sus comunidades y en la labor que realizan en sus organizaciones y sus formaciones de base comunitaria. De ello se desprenden ciertos aspectos comunes a todas: la frágil infraestructura social, el alarmante aumento del autoritarismo y la violencia, la profundización de la desigualdad y la precariedad, así como la cruda manifestación de una contradicción fundamental entre capitalismo y vida, la cual constituye una enorme amenaza para la vida de las mujeres y la supervivencia colectiva.
La infraestructura social para preservar y cuidar la vida humana es frágil e insuficiente
Los gobiernos no estaban preparados para hacer frente al COVID-19 y sus impactos. Cuatro decenios de neoliberalismo dejaron los sistemas de salud pública paralizados por la privatización, sin financiación, sin personal y mal equipados. Muchos países carecen de cobertura de salud pública, lo que limita el acceso a la atención sanitaria de las familias de bajos ingresos y excluye a los migrantes. Los países pobres, cuyos recursos fueron saqueados por las empresas transnacionales y debilitados por la corrupción y la erosión de la democracia, no se dan abasto ante las exigencias que supone la crisis sanitaria. Honduras cuenta con solo 200 unidades respiratorias. En Indonesia, la mayoría de los hospitales de remisión del COVID-19 no están equipados para tratar a los pacientes. La pandemia puso de manifiesto el resultado de años de saqueo de bienes y servicios públicos con fines de lucro por parte del sector privado y evidenció la urgencia de construir un sistema de atención de salud pública universal.
Con los servicios de salud sometidos a presión, las mujeres están teniendo que posponer o renunciar a la atención médica no relacionada con el COVID, lo que incluye la atención durante el embarazo y la salud sexual. Debido a la incapacidad de los gobiernos y a la imposibilidad de muchas personas para pagar, el acceso a la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, el agua, la electricidad y las comunicaciones se redujo aún más en zonas ya de por sí desatendidas. Confinadas en hogares que carecen de servicios, muchas mujeres —en especial las mujeres pobres, indígenas, rurales y migrantes, así como quienes laboran en el sector informal— deben trabajar hasta dos jornadas para llegar a fin de mes, contando con poco o ningún apoyo del Estado, situación que perjudica su salud mental y física en un momento en que es menos probable que sean atendidas.
El aumento del autoritarismo
Si bien existe una aceptación generalizada de las medidas de distanciamiento social, los gobiernos de todo el mundo están aplicando y haciendo cumplir medidas de confinamiento draconianas que tienen poca justificación científica, además de poner en práctica otros programas autoritarios de control social. Como dijo una colega de jass en Honduras, “El nivel de presencia militar es como si nos preparáramos para una guerra, no una crisis sanitaria”. En Filipinas, el gobierno puso en marcha una “cuarentena comunitaria reforzada“ (ecq por sus siglas en inglés); ello supone la implantación de un cerco militar con retenes de control en todas las ciudades y las fronteras municipales. Así, en el área metropolitana de Manila, el despliegue masivo de policías dio lugar a más de 130,000 detenciones por violar la orden de confinamiento. Aunado a ello, el Congreso otorgó al presidente Duterte poderes de emergencia que implican, además, un presupuesto adicional de 270,000 millones de pesos filipinos (unos 5,400 millones de dólares) para hacer frente al COVID-19; muchos temen que estas medidas consoliden su poder en lugar de abonar a la salud de la nación.
Nuestros aliados informan que Camboya aprobó una controvertida ley sobre el estado de emergencia que otorga al presidente Hun Sen nuevos poderes amplios, entre los que se incluyen vigilancia de las telecomunicaciones y amplios controles sobre la prensa y los medios de comunicación social, mayor restricción a la libertad de movimiento y de reunión, confiscación de la propiedad privada y cuarentenas obligatorias. En Honduras, el gobierno suspendió la libertad de asociación, de expresión y de reunión, entre otras, como parte de las medidas relativas al confinamiento obligatorio. En Sudáfrica, con el pretexto de la pandemia, el gobierno desplegó 70,000 soldados adicionales, una medida represiva que recuerda los tiempos del apartheid. En Guatemala, ante el despliegue de tropas en zonas indígenas, resurge el espectro del genocidio llevado a cabo en los años ochenta.
El aumento de la presencia de fuerzas de seguridad del Estado, así como de la vigilancia, en países como Zimbabue y Sudáfrica cierra aún más el espacio democrático, provocando un fuerte aumento de los abusos a los derechos humanos y de los ataques contra sus defensores. Las declaraciones de estado de emergencia, desastre, excepción o asedio despojan a la población de libertades y derechos civiles, justifican la militarización y no han logrado mejorar la seguridad pública. En todos los países, la violencia por motivos de género, especialmente la violencia doméstica, se está incrementando a puerta cerrada, mientras la policía patrulla las calles y a menudo no responde a los llamados de ayuda solicitada por las mujeres.
Profundización de la desigualdad y la precariedad
Las medidas de confinamiento social están diezmando las economías locales y nacionales, y profundizan las desigualdades existentes. Muchas personas no pueden trabajar desde su casa para generar un ingreso. En Zimbabue, cuya economía informal, que constituye 60% de toda la actividad económica, es la mayor del continente africano, las medidas de confinamiento frenan la capacidad de las personas para ganarse la vida diariamente. El gobierno ha permitido que los mercados públicos de alimentos permanezcan abiertos a pesar de los temores de propagación de la enfermedad en la comunidad y del estigma y la discriminación que conlleva la prueba del COVID-19. En Honduras, donde el sector informal emplea a 70% de los habitantes, se prohibió la venta ambulante y sólo se ha permitido el funcionamiento de los supermercados. En Camboya, la industria de la confección, que emplea principalmente a mujeres, cerró sus fábricas, por lo cual cientos de ellas perdieron su empleo. Y se prevé que decenas de miles más serán despedidas en las próximas semanas si el flujo de materias primas hacia el país no se recupera.
Los programas gubernamentales de emergencia que ofrecen alimentos o transferencias de dinero en efectivo son insuficientes, pues además de excluir a muchas personas, no se vislumbra que puedan sostenerse a largo plazo. Se trata de medidas provisionales que intentan evitar tanto la implosión inmediata del sistema como la implementación de los profundos cambios estructurales que se necesitan con tanta urgencia.
El capitalismo frente a la vida
La mayoría de los dirigentes se centra ahora en la apertura y la reactivación de la economía de sus países, a pesar de las consecuencias que seguramente ello conllevará para la salud. Si bien el derrumbe económico es una preocupación real, los epidemiólogos y los asesores médicos están preocupados porque esta decisión provoque un rebrote de las infecciones.
Hoy se pide a los Estados que canalicen miles de millones de fondos públicos para salvar la economía de mercado. Para los gobiernos de países del “Sur Global”, cuyas riquezas naturales han sido sistemáticamente agotadas por el Norte, esto es injusto e imposible. Ante la perspectiva de que se materialice este escenario de “capitalismo de catástrofe“, descrito por la autora Naomi Klein, la contingencia provocada por el COVID-19 ofrece una oportunidad para que el sector privado absorba más recursos públicos destinados a rescates gigantescos, se apropie de los recursos naturales en nombre de la “inversión” y reprima o elimine las resistencias.
Esto genera una cruda contradicción en la decisión entre un camino que se enfila hacia la muerte y la destrucción y uno que se dirige hacia la preservación y el enriquecimiento de la vida. Por ello, las mujeres, concentradas en trabajos y actividades que fomentan la vida, deben desempeñar un papel central en la toma de decisiones en esta encrucijada histórica, no sólo en términos de la política gubernamental, sino en las resistencias de todo el planeta.
Múltiples impactos sobre las mujeres
En este contexto, se está intensificando la discriminación contra las mujeres por motivos de raza, clase, orientación sexual, edad, discapacidad, origen nacional, religión e idioma. Hoy, las mujeres se ven obligadas a compensar la interrupción de los servicios estatales, al tiempo que enfrentan la pérdida de empleo e ingresos; la violencia estatal, criminal y doméstica; los ataques a su tierra, su territorio y sus derechos. Aunque de dientes para afuera los gobiernos y los medios de comunicación hablan sobre la labor que desempeñan las mujeres como trabajadoras de cuidados, trabajadoras esenciales, integrantes de equipos de respuesta inicial en emergencias y constructoras de comunidades, y advierten sobre el riesgo de violencia y pobreza, existen pocas iniciativas de políticas eficaces orientadas a atenuar las cargas adicionales que deben soportar, a compensar su trabajo y aumentar su protección.
