Los Derechos de las Mujeres en África, ¿son un asunto de oferta y demanda?


«Nos han  vendido algo inservible», advierte Everjoice Win, activista, escritora y consultora de JASS. «Las mujeres podrán ocupar sus curules en el Parlamento hasta la eternidad, pero no es ahí donde se toman las decisiones. JASS tiene una manera muy atinada de movilizar la presión y el apoyo que impulsa a las legisladoras a actuar, pero nosotras [las que participamos en los movimientos de mujeres] no estamos respondiendo la pregunta, «¿Estamos en el lugar donde se ejerce el poder?» A partir de mediados de los noventa, las agendas de igualdad de género establecidas por instancias como las campañas 50/50 o la Cumbre de Protocolo de Género SADC, se han dirigido a elevar el liderazgo político de las mujeres. Sin embargo, las activistas por los derechos de las mujeres reconocen que, si bien es importante que haya más mujeres ocupando cargos de elección pública, los gobiernos ya no son los únicos espacios de poder y de toma de decisiones. Ahora que a nivel internacional los actores corporativos están asumiendo un rol cada vez más importante para decidir el futuro desarrollo del planeta y de los derechos humanos, a veces sin mecanismos de rendición de cuentas públicos, a la hora de exigir justicia y derechos se ha vuelto imperioso que los ciudadanos estén mejor informados y que actúen de manera más estratégica para dirigirse a los verdaderos encargados de tomar decisiones.

A partir de su independencia de los gobiernos coloniales, en muchos países de África los movimientos de las mujeres han orientado sus esfuerzos a propiciar la organización de las mujeres con el fin de exigir una representación política de creciente importancia. Hoy, las campañas 50/50, promovidas y apoyadas por muchos donantes, generan mucho entusiasmo y operan como punto de encuentro de las mujeres, sin importar la división de clases. A menudo logran grandes éxitos, a partir de los cuales han conseguido elevar la presencia numérica de mujeres en los ámbitos gubernamentales de toma de decisiones. No obstante, durante la última década muchos académicos han llamado la atención en torno al hecho de que no es suficiente considerar este aspecto como un fin en sí mismo, sino como parte de las acciones dirigidas a cuestionar la desigualdad y las relaciones de poder con base en el género. De hecho, a pesar de las importantes conquistas en torno a su participación política en algunos países, la realidad muestra que las mujeres de la región hoy son más pobres y que la desigualdad entre hombres y mujeres se ha incrementado. En este sentido, un ejemplo tomado de Malaui da cuenta de que las mujeres seropositivas (VIH+) no tienen acceso a tratamientos antiretrovirales (TAR) de calidad, aun cuando existen leyes que las favorecen, como el Proyecto de Ley de Igualdad de Género de Malaui (2012) y otras leyes destinadas a garantizar que las mujeres VIH+ tengan acceso a los recursos de salud que necesiten. 

Sin duda, la expresidenta Joyce Banda, defensora de los derechos de las mujeres durante mucho tiempo, marcó una diferencia para las mujeres de Malaui. De hecho, su gestión fue crucial para la obtención de algunos de los logros alcanzados mediante la campaña Nuestros cuerpos, nuestras vidas que JASS ayudó a organizar. La misma fue realizada con el objetivo de obtener tratamientos antiretrovirales de calidad y a través de ella, como resultado de cinco años de actividades organizativas y de formación en liderazgo impulsadas por JASS y MANERELA+, las activistas seropositivas pudieron aprovechar la oportunidad que implicó la llegada al poder de la presidenta Banda, asegurando sus derechos a la salud, así como a tratamientos y a cuidados de calidad. Si bien estas mujeres reconocen que la llegada de las mujeres al gobierno puede significar una mejoría, también se dan cuenta de que sin el ejercicio de una presión constante y sin que haya una exigencia informada dirigida a los legisladores, continuará existiendo una amplia brecha entre la retórica de los mismos y la implementación de políticas públicas.

«Pagamos muchos impuestos y tenemos esta enfermedad. Por ello exigimos al gobierno que garantice la existencia de un régimen TAR sustentable… es nuestra responsabilidad luchar por estas cosas», opinó Sibongile Singini, MANERELA+, Malaui.

Ya sea para tratar de presionar a sus consejeros locales y a la presidenta Joyce Banda, o para asegurar que sus puntos de vista y sus vivencias tengan difusión al público a través de los medios de comunicación, las mujeres VIH+ se han unido a líderes religiosos, a profesionales en atención de la salud y a investigadores, con el fin de exigir en distintos espacios tratamientos antiretrovirales y atención de salud de calidad. En este sentido, aun después de las recientes elecciones en las que Joyce Banda —quien apoyó la demanda llevada adelante por la campaña en pro de TAR alternativos— perdió la presidencia, las mujeres no se han desanimado. Las activistas han utilizado la Corporación de Difusión de Malaui para implementar a nivel nacional tres programas destinados a arrojar luz sobre los tabúes y a ventilar algunas de las problemáticas que afectan a las personas seropositivas. Entre estas problemáticas se incluyen el acceso a TAR de calidad, y el estigma y la discriminación a que se ven sometidas en ciertas comunidades y en sus hospitales locales. A partir de la realización de diálogos comunitarios en los que participaron autoridades y líderes religiosos locales, y de los talleres orientados a promover tanto los cuidados de salud como el alfabetismo y una mayor concientización, los cuales contaron con la presencia de cientos de mujeres, se han abierto muchas puertas que permiten que las mujeres exijan mayor rendición de cuentas y mejores servicios para las personas seropositivas, así como el mejoramiento de sus procesos democráticos.

La clave del trabajo organizativo de las activistas seropositivas se centra en la comprensión de que, si bien la elección o el nombramiento de mujeres es importante, la transformación real a nivel local y nacional solo será posible cuando las mujeres de las comunidades se movilicen colectivamente, con el fin de asegurar que sus problemas y sus necesidades tengan solución y que sus derechos sean garantizados y protegidos.

Credito de Foto: Newsday

 

                                                                                            

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