Criminalización de Activistas Hondureñas Refleja Tendencia Regional


A unos 107km de Tegucigalpa, fuera de un pequeño tribunal localizado en el departamento de Intibucá, Daysi Flores, de JASS Mesoamérica, leyó una declaración pública de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras: Respetuosamente solicitamos que el Estado de Honduras reconozca públicamente la importante labor que realizan los defensores y las defensoras de derechos humanos en este país y se abstenga de incurrir en prácticas intimidatorias.” Se le unieron más de 500 hombres, mujeres y niños, reunidos a la entrada del tribunal en espera de recibir actualizaciones respecto al juicio de Berta Cáceres, Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina, líderes de la organización lenca COPINH (Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). La represión enfrentada por las y los activistas es producto del autoritarismo y la corrupción que prevalece en la policía, el ejército y el sistema judicial, instituciones cómplices de las élites locales y del crimen organizado, cuya consigna de “aplicar mano dura al delito” no es más que un pretexto para tratar a activistas de justicia social como criminales.

Reflejo de luchas similares existentes en Guatemala y en México, la comunidad indígena lenca batalla para clausurar el proyecto de energía hidroeléctrica que operaría en sus tierras, sosteniendo que el gobierno hondureño no consultó a la comunidad lenca antes de otorgar permisos a la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), lo cual viola el derecho constitucional a la consulta, también estipulado en el Convenio 169 de la OIT. Mientras la comunidad continúa con sus acciones de protesta, las fuerzas militares federales han sido destacadas para “proteger” la planta hidroeléctrica, replicando el patrón regional según el cual la policía y el ejército son utilizados para proteger intereses privados.

El objetivo del gobierno es decapitar al movimiento, encarcelando a los líderes lenca para posibilitar que las empresas continúen sus actividades extractivas sin obstáculos,” comenta Beverly Bell, directora de Other Worlds.

Activistas como Berta, Tomás y Aureliano, están en la mira debido a su liderazgo organizando a los pueblos lenca en torno a la demanda de hacerse oír—lo cual es su derecho por ley—respecto al desarrollo y al uso de sus tierras. El 20 de septiembre de 2013, el juez emitió un orden de presión preventiva dictada contra Berta y medidas sustitutivas contra Tomás y Aureliano. Mientras prosigue el juicio por $44 millones impulsado en su contra por la Empresa DESA y por el Ministerio Público de Honduras, los líderes de COPINH enfrentan persecuciones y amenazas.

Redes de y Solidaridad para la Protección

En este contexto, las mujeres activistas que están en primera fila luchando desde distintos movimientos sociales, se encuentran en situaciones de riesgo en Mesoamérica y cuentan con el apoyo de redes nacionales—como la Red Nacional de Defensoras de Honduras y de México—y una red regional, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, las cuales contribuyen a la construcción de alianzas, la protección y aportan recursos que permiten sortear los riesgos y evadir situaciones que ponen en peligro sus vidas. Como co-coordinadora de tales articulaciones, JASS acompaña y apoya a activistas como Berta Cáceres para enfrentar la violencia que vive por ser una defensora de derechos humanos. Asimismo, a través de estas redes JASS Mesoamérica alienta la comunicación y la solidaridad entre activistas a través de las fronteras y a nivel internacional, con el fin de fortalecer su protección integral para poder mantener sus demandas de justicia y de modelos de desarrollo sostenibles.

El fuerte arraigo que tiene JASS en la organización, tanto a nivel local como nacional, así como su comunidad de activistas alrededor del mundo, ayudaron a movilizar el apoyo de más de 150 organizaciones[J1]  internacionales y latinoamericanas, como Frontline Defenders, Other Worlds, Grassroots International, AWID y Rights Action, las cuales se unieron para difundir la situación de COPINH y para generar apoyo a nivel mundial. Conjuntamente, emitimos una declaración pública condenando la persecución constante de COPINH, realizamos conferencias de prensa, insertamos anuncios en La Tribuna, uno de los periódicos más importantes de Honduras y, junto con varias organizaciones, recabamos fondos para cubrir los gastos legales. JASS y la Red Nacional de Defensoras en Honduras continúan acompañando a Berta Cáceres y demandando el fin de la criminalización en su contra.

Gracias por el gesto de solidaridad nacional e internacional, de movilización contundente que ha tenido el COPINH, organizaciones hermanas y las fuerzas sociales y políticas progresistas que se han sumado a la lucha del COPINH. Condenamos la decisión de la Corte, de la Jueza Lissien Lisseth Knight Reyes que ha copiado la orden de la Empresa Desarrollos Energéticos, sabemos que ha habido presión desde arriba, ya DESA manejaba la resolución, esta es la justicia que hay en Honduras.” dijo Berta Cáceres.

Análisis de Género de la Violencia

Las redes de defensoras existentes a nivel nacional y regional, ofrecen oportunidades muy necesarias para que las activistas y defensoras de varios movimientos compartan los retos y sopesen las lecciones aprendidas de su activismo, especialmente en momentos en que los perpetradores y las formas de violencia se vuelven cada vez más complejos. Asimismo, las redes brindan un sistema de apoyo frente a los riesgos que enfrentan como mujeres y como activistas.

“Tenemos que reconocer que estamos en la mira. Muchas de nuestras compañeras han sido asesinadas por la sencilla razón de que ejercieron el derecho a defender los derechos,” dijo Morena Herrera (La Colectiva Feminista) durante un encuentro regional de tres días en la que participaron 187 defensoras de más de nueve países del continente americano y de Europa. Co-facilitado por el equipo de JASS Mesoamérica, este Segundo Encuentro Regional de Defensoras en El Salvador permitió que las mujeres activistas compartieran experiencias y métodos para asegurar su propia seguridad y su bienestar psicológico, y desarrollaran estrategias de acción urgente y de incidencia efectivas desde la perspectiva feminista.

“Exigimos la implementación de mecanismos de protección para defensoras y el fin de la impunidad.“ - Marusia López Cruz durante la conferencia de prensa realizada el 9 de septiembre de 2013.

Desde principios de 2012, con el apoyo de redes nacionales de El Salvador, Guatemala, México y Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos ha recopilado sistemáticamente estadísticas de ataques y de amenazas contra mujeres activistas a través del Registro Regional de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos. Con base en dichas estadísticas y apoyándose en su informe 2010/2011, la Iniciativa difundió el diagnostico actualizado Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica para 2012, durante una conferencia de prensa realizada recientemente en San Salvador. El informe documenta 414 ataques contra defensoras registrados en México, Guatemala, Honduras y El Salvador durante 2012. Asimismo, sostiene que los actores estatales fueron responsables de 87% de los ataques y que 98% de los mismos han quedado impunes.