Bienvenidos, bienvenidas a El Salvador del Siglo XXI, el “Estado del Anti Aborto”

Primera Parte[1]
*Este artículo fue escrito por Alda Facio y Cristina Hardaga F.[2]

Hace unas semanas, concretamente del 1 al 3 de octubre de 2014, visitamos El Salvador como parte de las actividades de JASS coordinadas con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, a través de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

Días antes de nuestra llegada, Amnistía Internacional, recién había presentado su informe: “Al Borde de la Muerte. Violencia contra las Mujeres y Prohibición del Aborto en El Salvador”, mismo que había generado un importante impacto en el país.[3]  

El objetivo de nuestra visita fue sumarnos a las actividades de difusión e incidencia que se están llevando a cabo desde hace ya varios meses para exigir la liberación de: Miriam, Maritza, Marina, Salvadora, Ena, Carmen, Teodora, Guadalupe, Marina, Mirna, Cynthia, Verónica, Alba, Johana, Evelyn, Teresa y María. Estas 17 mujeres privadas de la libertad, quienes se encuentran purgando penas de entre 30 y 40 años en la cárcel, inicialmente fueron acusadas de aborto, pero durante el proceso judicial se cambió la calificación del delito a homicidio agravado. Varias organizaciones, entre ellas la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local abogan por su liberación.

Entre las actividades, el jueves 2 de octubre tuvimos la oportunidad de ir a la Cárcel de Mujeres y reunirnos con algunas estas mujeres. En la cárcel conversamos con Teresa. Ella tiene 31 años y lleva 3 años en la cárcel. Teresa es madre soltera de un pequeño de nueve años que se encuentra ahora al cuidado de su abuela, sólo porque un fiscal quiso hacer de su madre un ejemplo para todas las mujeres salvadoreñas, que ya sea por un aborto espontáneo o porque decidieron no seguir con un embarazo, han sido castigadas, no por aborto, sino por homicidio agravado.

Teresa, antes de ser detenida, llegó inconsciente  y con hemorragia al hospital. Ahora, acusada por el delito de homicidio agravado, ha sido sentenciada a una pena de 40 años. Duerme en una sala compartida con 200 mujeres más. Lava ropa en la cárcel para tener ingresos mínimos. Por cada prenda que lava cobra 75 centavos de dólar. Un jabón le cuesta 1 dólar con 75 centavos y el papel de baño cuesta 3 dólares y 50 centavos; esas son sus condiciones de vida ahora.

De acuerdo con sus representantes legales, el expediente de Teresa presenta múltiples irregularidades. En su informe, Amnistía Internacional señala que “…Teresa fue llevada urgentemente al hospital y un miembro del personal [del Hospital] la denunció a la policía. Teresa fue acusada y juzgada. La Fiscalía presentó pruebas científicas poco concluyentes que no obstante el juez aceptó como suficientemente sólidas para condenarla.”[4]

Teresa es una de las mujeres que frente a una emergencia obstétrica fue a buscar ayuda a un hospital y lo que recibió una denuncia ante las autoridades de justicia. Otras mujeres optan por el suicidio al no tener opciones para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, tanto que, en El Salvador, el embarazo no deseado es la primera causa de suicidio en jóvenes de entre 10 y 19 años de edad. [5]  Teresa decidió no terminar con su vida pero a cambio enfrenta una pena de prisión desmedida, que no se ajusta al castigo que el mismo código establece. Desde 1998, se reformó el código penal salvadoreño para prohibir de manera absoluta el aborto.

En el caso de las 17 mujeres, prevalece la presunción de culpabilidad por encima de la de inocencia;  las y los jueces han emitido sentencias con base en prejuicios. De esta manera, en El Salvador las mujeres son castigadas por el hecho de ser mujeres.  A partir de las conversaciones con quienes defienden a las 17 mujeres, pudimos comprender que el sistema de justicia busca por todos los medios condenarlas. Para hacer frente a esta situación y después de haber agotado varios recursos, la defensa ha solicitado un indulto para Las 17, petición que será resuelta en breve. Sin embargo, el temor persiste: si bien la Corte puede otorgar los indultos, la Asamblea Legislativa de El Salvador puede pedir que se reconsidere la decisión. En contrapartida, si la Corte niega el indulto, la Asamblea no puede hacer nada.

Durante la visita tuvimos oportunidad de reunirnos con representantes del gobierno y de la sociedad civil. En las reuniones con el gobierno pudimos conocer que hay funcionarias públicas (porque no conocimos hombres) que están buscando alternativas. Varias de ellas aceptan en privado que no es justo lo que ocurre y saben que los prejuicios están llevando a prisión a mujeres que no deberían estar encarceladas.

Sin embargo, pudimos también constatar que mientras los medios de comunicación no apoyen la demanda de las mujeres; mientras la sociedad civil no se sume en conjunto para respaldar los derechos humanos de las mujeres; mientras doctores y doctoras no respeten la confidencialidad; mientras legisladores y legisladoras, jueces decidan con base en prejuicios, sin tomar en cuenta la circunstancia de las complicaciones obstétrica que han enfrentado dados sus condiciones de pobreza y baja escolaridad, en El Salvador del siglo XXI las mujeres seguirán en prisión por el “delito” de ser mujeres cuyos cuerpos no pudieron mantener un embarazo.

Finalmente, para JASS Meso, una de las prioridades de colaboración con las aliadas ha sido la reivindicación de la labor que llevan a cabo las defensoras de derechos humanos y la promoción de mecanismos integrales de protección en la región. Por ello, nos reunimos con varias compañeras buscando visibilizar la labor que llevan a cabo las defensoras de derechos humanos en El Salvador, en particular aquellas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en un contexto de prohibición absoluta del aborto, que ha propiciado, entre otras cosas, que defensoras y organizaciones feministas en El Salvador enfrenten desde hace tiempo amenazas y difamaciones en represalia por su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.  Eso se los contaremos en el próximo artículo.

Les dejamos algunos links e información que puede ser de interes para entender el contexto de El Salvador y/o ayudar a mejorar la situación que viven las mujeres en este país.

Petición de aministía internacional para cesar la criminalización de las 17: ACTÚA: El Salvador: mujeres y niñas al borde de la muerte. Exigimos la liberación de: Miriam, Maritza, Marina, Salvadora, Ena, Carmen, Teodora, Guadalupe, Marina, Mirna, Cynthia, Verónica, Alba, Johana, Evelyn, Teresa y María.  #IndultoYa  #LibertadAlas17

Enlace para el artículo: Pro-Life Nation. By Jack Hitt Published: April 9, 2006. New York Times

La Prohibición Absoluta del Aborto en El Salvador

El Código Penal de El Salvador establece:

Capitulo II. De los Delitos Relativos a la Vida del Ser Humano en Formación

Aborto Consentido y Propio

Art. 133. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años.

Aborto sin Consentimiento

Art. 134. El que provocare un aborto, sin consentimiento de la mujer, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. En la misma pena incurrirá el que practicare el aborto de la mujer, habiendo logrado su consentimiento mediante violencia o engaño.

Aborto Agravado

Art. 135. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo período.

Inducción o Ayuda al Aborto

Art. 136. Quien induzca a una mujer o le facilite los medios económicos o de otro tipo para que se practique un aborto, será sancionado con prisión de dos a cinco años. Si la persona que ayuda o induce al aborto es el progenitor del aborto, la sanción se aumentará en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior

Aborto Culposo

Art. 137. El que culposamente provocare un aborto, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada, ni la tentativa de ésta para causar su aborto no es punible.

De acuerdo al Guttmacher Institute, “cada año, más de cuatro millones de mujeres en América Latina tienen un aborto inducido. Dado que la mayor parte de los abortos son ilegales, estos procedimientos se efectúan en condiciones clandestinas y muchas veces peligrosas“. El aborto en estas condiciones, es considerado un aborto inseguro que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

“… En América Latina y el Caribe, la legislación en materia del acceso al aborto es una de las más restrictivas en el mundo. El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Surinam todavía tienen una prohibición total del aborto, no hay excepciones en casos de violación sexual, incesto o en donde la salud y la vida de la mujer embarazada están en riesgo. Otros países como Costa Rica, en donde el aborto está permitido para proteger la salud y salvar la vida de la mujer, el acceso sigue siendo muy limitado y lleno de trabas administrativas y judiciales.  Centro de Derechos Reproductivos.  Más información aquí y aquí.