En el marco del contexto electoral en Honduras, quienes integramos JASS (Asociadas por lo Justo) en Mesoamérica, el Sur de África y el Sudeste asiático, queremos expresar nuestra preocupación por la grave situación de violencia, vulneración de derechos políticos y deterioro de la institucionalidad democrática en este país centroamericano.
Como diferentes organizaciones nacionales e internacionales han denunciado, la actuación del Tribunal Supremo Electoral ha sido irregular y poco transparente, creando en la sociedad la sospecha fundada en una posible alteración fraudulenta de los resultados.
Consideramos alarmante que la respuesta del Estado a los legítimos reclamos del pueblo hondureño ante las irregularidades del proceso electoral sea la violencia, la represión y la criminalización. Organizaciones de derechos humanos de Honduras han documentado diferentes actos represivos que incluyen el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego que ya han cobrado la vida de personas y herido a muchas más. Así mismo se han documentado detenciones arbitrarias de personas que se encontraban participando en manifestaciones pacíficas. Como suele ocurrir en este tipo de contextos, nos preocupa también que aumente la violencia contra las mujeres.
La represión de la protesta social y la violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, movimientos sociales y comunidades en resistencia, así como de cualquier forma de oposición al régimen, ha sido una constante del actual gobierno, cuyo presidente busca reelegirse a pesar de la prohibición explícita para la reelección recogida en la Constitución hondureña. Honduras vive una crisis de derechos humanos desde el Golpe de Estado de 2009 que ha puesto en grave riesgo la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la población y ha sido particularmente cruenta con las mujeres y los pueblos originarios.
Ante esta situación nos sumamos a las demandas de organizaciones, comunidades y movimientos nacionales e internacionales para que el Estado hondureño:
- Se abstenga de manera inmediata de ejecutar cualquier acto de violencia, represión y criminalización de la protesta social, incluida toda forma de violencia en contra de las mujeres que participan en las manifestaciones.
- No emita resultados definitivos hasta haber realizado un recuento acta por acta y resuelto conforme a derecho cualquier impugnación o denuncia de irregularidad durante el proceso electoral. Para ello se debe asegurar la observancia de las misiones internacionales de observación y organizaciones de la sociedad civil.
La actual crisis electoral y la violación sistemática de los derechos humanos en el país, solo se podrá superar con la plena participación de la sociedad hondureña, en particular de los sectores históricamente discriminados como las mujeres y los pueblos originarios. Por ello, expresamos nuestro pleno respaldo y solidaridad con las organizaciones indígenas, feministas, campesinas, estudiantiles y las comunidades en resistencia que están defendiendo la democracia y la vigencia de la justicia, la paz y la igualdad en Honduras.
